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La Airef alerta del descontrol y la opacidad de 14.000 millones de euros en subvenciones

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La Autoridad Fiscal ha presentado el día de ayer el primero de varios estudios para evaluar la eficiencia y eficacia del gasto público en ámbitos tan diversos como los medicamentos o las becas universitarias. Las subvenciones públicas han sido la primera partida en pasar el examen, y la institución ha detectado «deficiencias de los procedimientos de control, reintegro y (régimen) sancionador». El descontrol no es legal sino en cuanto que estas ayudas no cumplen los objetivos de políticas públicas que deberían perseguir.

La Airef cree que existen hasta 30.000 millones de euros destinados en convocatorias de subvenciones, aunque admite que «no es posible determinar el volumen de gasto total». Así, su análisis se centra en unos 14.000 millones de euros concedidos finalmente por Estado (3.000 millones), comunidades autónomas (donde se concentran 9.700 millones) y entidades locales (1.600), de acuerdo a las ayudas que recoge la Base de Datos Nacional de Subvenciones (no todas, pero sí de las que se dispone de más información y han sido objeto de un marcaje más estrecho). Bajo los tres prismas que ha utilizado (planificación estratégica, mecanismos de coordinación y análisis de procedimiento), la Airef constata que «falta transparencia» en todos los procesos.

En concreto, el Estado es la administración que suspende con claridad en la planificación estratégica ya que hasta 2017 no empezó a hacerla –en la actualidad todos los ministerios menos dos elaboran planes estratégicos–, mientras que las CC.AA. y los entes locales sí la realizaban.

En este sentido, hay mucha heterogeneidad, con administraciones que lo hacen mal y otras bien. Murcia, Navarra y Cataluña destacan por su buen hacer mientras que en la Administración del Estado, la Airef valora el trabajo del Ministerio de I+D+i y tira de las orejas a Justicia, que aún es de los escasos dos ministerios que no cuenta ni con planes estratégicos.

Pero las reprimendas de la Airef también salpican a las administraciones que elaboran planes estratégicos para las subvenciones, ya que en la mayor parte de los casos los entes públicos ven cumplidos sus objetivos simplemente si se gasta todo el dinero presupuestado o si se beneficia a un número fijado de personas, sin hacer un seguimiento de las subvenciones que la Airef constata «van a fondo perdido». En algunos casos no se puede ni saber si hay solapamientos y duplicidades por la opacidad de los procedimientos.

Las administraciones también suspenden en cuanto a la coordinación de las subvenciones. Pese a que se celebran cuarenta conferencias sectoriales, la Airef detecta «un enfoque centralista», de forma que solo la mitad tienen grupos de trabajo por lo que, a su entender, son reuniones políticas donde no se evalúan los criterios de reparto, que datan del momento en que se creó la conferencia en cuestión bajo enfoques arbitrarios y discrecionales.

Ahora es el ministro en cuestión el que preside cada una de estas mesas y fija el orden del día, por lo que la Airef detecta una profusión de «negociaciones bilaterales». Como ejemplo, los 300 millones de euros anuales de subvenciones en vivienda se reparten en base a criterios arbitrarios que datan de 1992 y que desde entonces no se han actualizado. La Airef reclama que sea la intervención general la que realice un control interno y el Tribunal de Cuentas, un control externo.

Evaluación independiente

Para evaluar los resultados y hacen un marcaje más intenso, proponen la creación de una institución independiente de evaluación de políticas públicas. Y que haya grupos de trabajo, fijación de estrategias comunes, conferencias multisectoriales y un secretariado técnico de estos órganos para hilar la relación entre Estado y comunidades, en el que deberían participar también los grandes ayuntamientos, según la Airef.

También reclama la Airef reformar la ley del ramo, en primer lugar, para clarificar qué es una subvención: esta cuestión es importante, ya que de acuerdo a la metodología de contabilidad nacional, hay 12.000 millones de euros en subvenciones (si se consideran solo las concedidas a empresas), mientras que bajo el enfoque de la Autoridad Fiscal, ascienden a 27.791 millones las convocatorias de las que, finalmente, se conceden 14.299 si se atiende al registro de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Esta clarificación es especialmente urgente para las subvenciones sociales y las directas (es decir, aquellas que no precisan un concurso acreditando requisitos sino que se abonan automáticamente). Asimismo, la Airef pide reformar la Ley de Subvenciones para adaptarla a la Ley de Concursos Públicos y la Ley Genera Tributaria, que han tenido cambios de calado en los últimos años.

Perseguir a los subvencionados indebidamente

Otra de las peticiones de la Airef es que se fomente un régimen sancionador como ocurre con el sistema tributario: ahora mismo, si alguno del millón de beneficiarios de estos 14.000 millones anuales de subvenciones ha recibido esta ayuda sin cumplir los requisitos o sin desarrollar los resultados que perseguía, no hay sanción y, en muchos casos, tampoco hay reembolso.

La Airef urge a penalizar a los que reciben subvenciones de forma indebida, algo que ahora no ocurre. Fuentes del organismo señalan que hay patrones de beneficiarios que cobran varias subvenciones de varios niveles administrativos, para las que el seguimiento es insuficiente. También urge la institución a seguir el dinero concedido y evaluarlo, ya que en un 8% de los casos ni siquiera hay consignación financiera.

Hasta un 10% se pierde en cargas administrativas

Otro «debe» del sistema es que tiene una gestión ineficiente, que absorbe entre un 5 y un 10% del dinero consignado a las subvenciones, que en vez de ayudar a más beneficiarios potenciales se pierde en cargas administrativas. «Las subvenciones suponen una elevada carga administrativa tanto para los gestores como para los beneficiarios, sin que las iniciativas de simplificación hayan dado los frutos esperados», concluye el informe.

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Con estas camisas en denim llevarás un look de verano rebelde pero con estilo

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El denim se ha convertido en la nueva interpretación de la democracia en la moda, y es que lejos de verse como un material sólo para la clase obrera para el que fue creado, ahora este infalible textil se ha convertido en un indispensable de nuestro armario y más esta temporada de verano, en la que nuestros looks más rebeldes y osados salen a la luz con un toque de irreverencia frescura.

Para hablar de denim, tenemos que hacer una referencia obligatoria a la marca española Replay, que se luce con sus diseños en este material inspirados con ligeros toques western perfectos para adoptar el estilo de un cowboy urbano.

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Haciendo referencias a las tendencias urbanas de la temporada, la propuesta de Zara irrumpe con fuerza en el terreno de la generación millennial, pero con miras hacia el más colorido pasado de los años noventa.

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Los tonos claros de la apuesta de Lefties son la pieza perfecta que nuestro armario necesita para armar un atuendo con colores neutros y apostar por la frescura de la temporada.

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A mayor nivel educativo de las familias, menor confianza en la FP como salida para sus hijos

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Las familias con estudios superiores no consideran que la Formación Profesional sea una buena salida para sus hijos por la «menor consideración social» de esas titulaciones, por la dificultad de dar luego el paso a estudios superiores o por la menor remuneración. Así lo considera el 57% de las familias españolas (en el caso de la Comunidad de Madrid son el 77%), según una encuesta a 19.000 madres y padres de niños de entre cuatro y 18 años elaborada por Educa2020, un foro de investigación periodística sobre temas educativos dirigido por el periodista Fernando Jáuregui.

Por el perfil de las familias encuestadas (el 80% tiene estudios universitarios o FP superior) se desprende que a mayor nivel formativo, mayor desconfianza en la FP. El 85% de las familias reconoce que sus hijos tuvieron en cuenta su recomendación a la hora de elegir sus estudios. Y, en otra encuesta de 2018, se estimó que para el 61% de los jóvenes (de una muestra de 21.800) la «fuente consultada» para tomar la decisión sobre sus estudios fueron sus padres.

«Tenemos un problema grave entre el perfil que demandan las empresas y el camino académico que escogen los jóvenes; hacen falta más graduados medios y para eso es clave potenciar la actitud hacia la empleabilidad», ha considerado Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, en la presentación de la encuesta. Según los resultados de un cuestionario realizado en 2018 a 2.500 empresas españolas, el 63% aseguró tener problemas para encontrar perfiles adecuados a los puestos ofertados. Todo ello en un contexto de precariedad laboral con un 34% de paro juvenil (frente al 6,1% de Alemania).

Tanto para la CEOE como para el propio Jáuregui, el problema fundamental es que los jóvenes tienen más en cuenta las recomendaciones de sus padres que las de los departamentos de orientación de los institutos. «Las familias no conocen los niveles de inserción laboral y por eso hay que potenciar esos servicios de orientación académica», ha indicado Sara Molero, secretaria general de CEIM —la patronal madrileña—. Las carencias detectadas por las compañías se producen sobre todo en ramas tecnológicas y en habilidades para la industria manufacturera. «Hay algunos grados de FP con mejores tasas de empleo que algunas ingenierías, como el de soldador, que roza el 100%. Aún así, no son atractivos para los alumnos», ha añadido Molero.

España tiene una de las peores tasas de escolarización en Formación Profesional de los países de la OCDE: solo el 12% de los alumnos están matriculados en esos estudios (la media se sitúa en el 26%) y solo el 0,4% se matricula en FP Dual —una variedad en la que el alumno compagina durante dos años los estudios con prácticas remuneradas en una empresa, de forma intercalada—.

Los países con programas de FP bien asentados son más efectivos contra el desempleo juvenil, según indicaciones de la OCDE y de la Organización Internacional del Trabajo. De hecho, los alumnos de los ciclos formativos tienen un 74% de perspectivas de empleo en España frente al 63% de los que estudian secundaria

Sobre la orientación académica en los institutos, el informe Preparing the new generation for the future of work (elaborado por la fundación para la innovación educativa WISE), en el que se encuestó a 2.517 jóvenes de 18 a 25 años del Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania y España, los jóvenes europeos echaron en falta más apoyo de los orientadores y de los profesores sobre las opciones profesionales. De los más de 500 estudiantes españoles de 18 a 25 años encuestados, al 88% les pareció que el servicio de orientación no está a la altura y desearían haber contado con asesoramiento escolar en el momento en el que empezaron a escoger sus itinerarios educativos.

En diferentes informes, la Unesco recomienda un orientador escolar por cada 250 alumnos pero, según datos del Ministerio de Educación español, esa ratio se supera en la mayoría de los centros, llegando incluso a un orientador por cada 1.000 estudiantes.

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Agnes Budzyn, una pionera entre criptomonedas

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SI HOY existe una tecnología en boca de todos, es el blockchain: un sistema que permite almacenar información de manera eficaz, barata y, en principio, a prueba de hackers. Sobre él se asientan criptomonedas como bitcoin o ether. Sus potenciales aplicaciones, desde las finanzas hasta la medicina, la música, los envíos…, tienen efectivamente a (casi) todos fascinados. Aún falta, eso sí, que se sume la otra mitad: el todas. En Europa, según un estudio de la Comisión Europea, hay más del triple de trabajadores en el sector tecnológico que trabajadoras. “La participación de las mujeres ha caído en los últimos 10 años, y no sé si se debe a la educación o también tiene que ver con el ambiente de trabajo”, lamenta Agnes Budzyn, directora de crecimiento global de ConsenSys, empresa puntera del sector de la cadena de bloques, que desarrolla proyectos, incuba e invierte en otras empresas y asesora a Gobiernos, bancos y otras grandes instituciones.

Agnes Budzyn, una pionera entre criptomonedas
VICENS GIMÉNEZ

Budzyn se ha convertido en experta en esta discutida tecnología, de la que unos anuncian que nos liberará de intermediarios, desde buscadores de Internet hasta bancos, y otros auguran que facilitará más la concentración de la riqueza. Pero sus orígenes se remontan a un campo completamente alejado de estas disquisiciones: las finanzas tradicionales. En 2007, Budzyn se unió al equipo de BlackRock, el gigante de gestión de inversiones, en Nueva York. Allí pasó una década aconsejando a clientes, sobre todo bancos. “Utilizábamos muchos datos y estábamos muy interesados en la tecnología. Siempre andábamos en busca de algo más y mejor”, recuerda esta ejecutiva de carcajada contagiosa. La solución para gestionar esas cantidades ingentes de información llegó a través de amigos que se estaban introduciendo en el universo de la cadena de bloques. “Empecé a informarme y a conocer gente. Así llegué a Joe [Lubin], CEO de ­ConsenSys y cofundador de Ethereum [la plataforma de código abierto que usa ether como divisa interna]”.

Nacida en Polonia —se reserva el año—, Budzyn viajó hace unos meses a Barcelona como ponente del Digital Future Society, parte del Mobile World Capital.Próximamente presentarán un informe sobre las implicaciones de la cadena de bloques y la inteligencia artificial para la sociedad. “Se trata de dilucidar cómo deberían plantearse estas cuestiones los Gobiernos y los reguladores, para definir de qué formas vamos a usar estas tecnologías”. Entretanto, desde ConsenSys ya generan ejemplos de cómo el blockchain podría transformar el modo en que nos organizamos. “Mucha gente de las zonas rurales de Filipinas no tiene ni documentación ni acceso a la banca”, ilustra Budzyn, que cuenta que muchos Gobiernos, desde EE UU hasta España, ya han mostrado interés en integrar blockchain para mejorar sus operaciones. “Allí trabajamos para que estas personas puedan acceder a préstamos, usando las huellas o con reconocimiento facial”. 

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